Pero también es sabido que, a veces, en Aragón, sobre todo, los lucanos pueden ponerse a cantar sin freno y es entonces cuando la risa se vuelve floja al ver la cara de los que creyeron que jamás esas cosas (que “cantara el lucano”, decían sotovoce a su audiencia cercana) iban a suceder.
Este, como habrán adivinado, es el caso, en realidad epopeya, de la batalla que “El pollo urbano” lleva manteniendo últimamente con los responsables de los gabinetes de comunicación del Ayuntamiento de Zaragoza y el equivalente de nuestra muy amada Diputación General de Aragón. La señora Ventura y el señor Daudent nos han venido ninguneando desde sus acorazados puestos de trabajo que, por cierto, pagamos todos, negándonos un derecho traducido a euros vital para cualquier medio de comunicación y que no es otro que el cumplimiento de la Ley de la Publicidad Institucional que ambos se han pasado por el arco del triunfo y no queremos imaginar que con la anuencia de sus respectivos jefes, el señor Belloch y la señora Rudi.
La postura frente a nuestras demandas de la señora Ventura, doña Merceditas, acostumbrada al grito irreflexivo y al incondicional arrope de su todopoderoso marido, fue ciertamente lacerante porque abrió la boca y para qué lo que oyeron las paredes. La del señor Daudent fue más cobarde: se negó a sí mismo. No existe. No contesta. No es.
Seguramente ellos se creerán unos buenos guardianes de sus respectivos dueños. A falta de saber la opinión o las directrices de los mismos, aceptémoslo así. Lo que está claro es que no son ni unos buenos periodistas ni unos buenos ciudadanos. La arbitrariedad solo era patrimonio real cuando el derecho de pernada estaba vigente pero nunca se supo que lo ejerciera –el derecho de pernada- ningún monaguillo de la pluma del tres al cuarto.
Como las cosas son como son, a doña Mercedes la colocan en el Cachaforrum y deja pudrirse el pastel (nuestra última instancia tiene fecha de marzo del 14; la anterior quizá del Paleolítico). En ese interín se hace cargo de la comunicación de la Casa Consistorial Plácido Díez, aparentemente un profesional que ha tenido responsabilidades en el periodismo de calle y del que esperábamos, al menos, una cita para aclararnos la postura del club municipal al respecto de nuestras demandas. Ni mú.
Es decir, nos encontramos sacando este extra de verano con las mismas expectativas que cuando reinaba “Carolo” en el siglo pasado(con perdón). Parecía, pues, que el lucano estaba durmiendo su sueño dorado en alguno de los hermosos bosques de coníferas de Albarracín. Pero ¡quiá!
El pasado dos de julio, el Tribunal Constitucional, el Gran Lucano del que esperábamos con delectación algún pío pío que nos alegrara las orejas, emitió un gorjeo con trino fluido y rápido aduciendo que “la publicidad institucional es una concreción de la comunicación pública que pone en relación a los poderes públicos con los ciudadanos” y que en la medida en que la publicidad institucional sirve al interés general así existe el derecho de los medios de comunicación a recibir “un trato igualitario y no discriminatorio en la asignación publicitaria y en la necesidad de evitar incidencias negativas en el ejercicio de su función informativa [arts. 14 y 20.1 a) y d) CE]”.
Y ya de paso, y por si acaso, les recuerda a Díez y a Daudent (al igual que a sus jefes) que la Administración Pública “ha de actuar con objetividad y plena sumisión a la legalidad (arts. 103.1 y 106.1 CE) y sin asomo alguno de arbitrariedad (art. 9.3 CE)”. De esta sentencia ha sido ponente el magistrado Fernando Valdés Dal-Ré
El lucano, el Gran Lucano, amigos polleros, ha hablado y su trino no ha hecho más que reafirmarnos en la lucha –ya epopeya- que llevamos frente a semejantes garrulos que siguen sin poner en orden sus achacosas neuronas y que lejos de vernos desaparecer –como prometieron a su entorno- van a tener que firmar su derrota.
Amigos, compañeros y camaradas: ¡A caballo! ¡Yihiii! ¡Salud!
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