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El pufo nacional
Es de todos conocidas las ayudas que por diferentes conceptos
España y sus CCAA han recibido y reciben de los Fondos Europeos.
Durante el periodo 1994 al
1999 algunas CCAA no justificaron cometieron diferentes irregularidades-
Las irregularidades fueron detectadas por la Comisión durante
las auditorías aleatorias realizadas para verificar cómo se habían gastado los
fondos del periodo 1994-1999,
Los errores constituían principalmente infracciones de la
normativa de la UE en materia de contratación pública, tales como la
modificación de contratos iniciales y la adjudicación directa de las obras
complementarias sin realizar una nueva licitación; la adjudicación de contratos
utilizando criterios supuestamente irregulares (como el criterio del precio
medio y la implantación local y la experiencia de la empresa) y la no
publicación de anuncios de licitación en el Diario Oficial de la UE.
La Comisión también señaló la infracción de las normas
aplicables en el ámbito de los fondos estructurales, como la ejecución de
compromisos después de la fecha límite fijada, los pagos de los gastos con
posterioridad al plazo de elegibilidad, o bien la falta de pistas de auditoría
y de comprobantes de pago en proyectos de ayuda de Estado.
Por todo ello España fue sancionada a devolver los fondos
“sospechosos” de fraude. Lógicamente España recurrió la medida.
En sus recursos, España no
negó la existencia de irregularidades en los diferentes proyectos concretos
auditados por la Comisión, pero alegó que el Ejecutivo comunitario no puede
realizar las correcciones financieras mediante extrapolación.
El Tribunal de justicia de la Unión Europea rechazó este
argumento, recordando que la jurisprudencia ha establecido ya que errores
sistemáticos comunes a varios proyectos de un mismo programa operativo pueden
justificar una corrección financiera aplicable al conjunto del programa.
La consecuencia es que ahora el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TUE) ha confirmado este
febrero de 2013 la decisión de Bruselas
de reducir en 363 millones de euros las ayudas comunitarias a Andalucía,
Comunidad Valenciana y País Vasco tras constatar "irregularidades
sistémicas" en la adjudicación de contratos y el pago de los fondos.
La sentencia desestima todos los argumentos presentados por
España y rechaza sus recursos contra la decisión del Ejecutivo comunitario.
De esta forma, los fondos estructurales para Andalucía se
reducen en 219 millones de euros, los destinados a la Comunidad Valenciana en
116 millones y los del País Vasco en 28 millones. "A raíz del examen de
dichas muestras, la Comisión apreció numerosas irregularidades, algunas de
ellas recurrentes", destaca el fallo.
En el momento de realizarse estas acciones de irregularidad,
que ahora debemos pagar los españoles, recordemos quien estaba en cada CCAA de
las sancionadas
La Junta de Andalucía estaba presidida por Manuel Cháves y
gobernada por su mano derecha Gaspar Zarrías.
País Vasco estaba presidida por D José Antonio Ardanza Garró
La CCAA Valencianas la presidían en el periodo de referencia
sus Presidentes fueron Joan Lerma y Eduardo Zaplana.
Me pregunto
¿A quién ha financiado estas irregularidades?
¿Habrá algún juez, fiscal o tribunal que averigüe y juzgue
esta pérdida de 363 millones de euros)
O simplemente los políticos y demás agentes sociales echaran
tierra al asunto
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